sábado, 6 de noviembre de 2010

Drug Markets and Urban Violence de The Beckley Foundation

A medida que el mundo se va tornando cada vez más urbano, la violencia en muchas ciudades alcanza cotas de epidemia. Los conflictos crónicos en algunos lugares hacen que la vida diaria en ellos sea como estar en una zona de guerra. Con la rápida urbanización va cambiando el entorno para la violencia, lo que pone constantemente en jaque a quienes prestan ayuda y se empeñan en prevenir los conflictos.
En todo el mundo, la violencia urbana está aumentando en forma alarmante y con ello el sufrimiento que acarrea. Varios factores entran en juego. Los centros urbanos registran un crecimiento sin precedentes debido al incremento demográfico natural y a la migración del campo a la ciudad. Según numerosos informes, más de la mitad de la población mundial vive en las zonas urbanas y el crecimiento de casi toda la población mundial en los dos próximos decenios tendrá lugar en las ciudades de los países en desarrollo.
Mil millones de personas viven ya en barrios marginales. Dada la falta de trabajo, muchos recurren a maneras informales, incluso criminales, de supervivencia. El floreciente comercio internacional de drogas permite comprar armas cada vez más sofisticadas, desde rifls de asalto semiautomáticos hasta granadas lanzadas por cohete.
Los servicios estatales ya no llegan a muchos barrios marginales debido a la inseguridad. Los niños con escaso acceso a la escolarización o sin ella son reclutados en las pandillas. La densidad demográfica elevada, la diferencia de clases, las comunidades heterogéneas, la xenofobia, la marginación, la brutalidad policial y el hacinamiento en las cárceles, todos son factores que atizan la espiral de la violencia. El índice de homicidios supera a veces el número de muertos de los conflictos armados.
“Ya pasó el momento de preguntarnos si se trata de un fenómeno real o no, lo tenemos ante nuestros ojos”, asegura Pierre Gentile, jefe de la Unidad Población Civil del Departamento de Actividades Operacionales del CICR. “La pregunta que cabe hacerse ahora es hasta qué punto deberíamos intervenir.”
En todo el Movimiento crece la exigencia de que se haga más: tanto en favor de las víctimas atrapadas en el fuego cruzado del conflicto urbano como para prevenir mejor la violencia urbana, yendo a la raíz del problema.
La XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en 2007 puso a la violencia urbana en el centro de los debates, lo que llevó a la Federación Internacional a elaborar un proyecto de estrategia mundial relativo a la prevención, la mitigación y la respuesta en caso de violencia (2010-2020).
Entre tanto, las Sociedades Nacionales han emprendido programas y proyectos que van desde la enseñanza de primeros auxilios a la resolución de conflictos, el desarrollo de la autoestima, la formación de nuevas aptitudes, así como otras estrategias destinadas a prevenir o reducir la violencia urbana de manera duradera.
El asunto es más delicado para el CICR, que tiene el cometido de actuar en conflictos y otras situaciones de violencia. Si bien tiene el mandato, que le confieren los Estados en el ámbito del derecho internacional humanitario (DIH), de actuar en los conflictos armados, la Institución también tiene derecho a intervenir en lo que se denomina “otras situaciones de violencia”. Ello le brinda la oportunidad de responder cada vez que pueda aportar algo gracias a su perfil internacional, su experiencia, su independencia y su neutralidad.
Granjearse el respeto
Hace seis años cuando se incorporó como jefe de la delegación regional del CICR en Buenos Aires, Michel Minnig quedó impactado por la violencia reinante en lasfavelas de Río de Janeiro y observó lo mucho que se asemejaba esa violencia por la magnitud y la dinámica, a los casos de conflicto armado con los que el CICR se suele topar: grupos armados organizados que controlan territorios bien delimitados, hostilidades abiertas regulares con armas de uso militar, y consecuencias humanitarias graves para las víctimas. Minnig fue uno de los primeros que propuso una acción del CICR destinada a “restablecer cierta normalidad” en las vidas de los habitantes cariocas.
Así pues, en diciembre de 2006, la organización puso en marcha con carácter experimental un proyecto en los barrios más miserables. Durante más de un año el CICR, la Cruz Roja Brasileña y otras asociaciones locales estuvieron colaborando en la parte más desdeñada, más compleja y más peligrosa de esas favelas.
“Comenzamos impartiendo formación en primeros auxilios a los residentes de esas comunidades para que todos pudieran ver la labor que estábamos desempeñando”, cuenta Minnig. “De a poco nos fueron aceptando, ahora podemos llegar un poco más lejos, abordar problemas más graves y ser respetados, hemos dejado de ser el blanco de las pandillas, de la policía o del ejército.”
Desde 1998, el CICR colabora con la policía y las fuerzas armadas de Brasil, capacitándolos para que integren en su labor las normas de los derechos humanos y los principios humanitarios.
Pero lograr que las pandillas de Río entiendan los derechos humanos plantea a los trabajadores humanitarios una dificultad totalmente nueva. Las pandillas no persiguen un objetivo político manifiesto, ni tienen interés evidente en derrocar un gobierno. Sus motivos principales son hacer dinero vendiendo drogas y controlar el territorio para alcanzar libremente sus objetivos. Ahora bien, ¿qué hay en esto que determine una intervención del CICR?
La Institución para intervenir no se basa en el análisis de los motivos de la violencia sino en las necesidades humanitarias que ésta causa, explica Angela Gussing, directora adjunta de Actividades Operacionales, encargada de asuntos internacionales y política.
“La acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja nunca se ha vinculado con la motivación de los conflictos”, explica. “Nunca nos hemos dicho que intervenimos porque éste es un motivo noble y el otro no lo es. Se trata de violencia, de violencia organizada y, como tal, provoca consecuencias en el plano humanitario; procuramos aliviar esas consecuencia y evitar que ocurran o que vuelvan a ocurrir.”
Ahora bien, el modo de proceder se adapta a la situación específica. En Río de Janeiro, el CICR junto con los voluntarios de la Cruz Roja Brasileña de las favelas, atienden a las necesidades humanitarias (vacunación, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y formación en primeros auxilios)de todos aquellos que suelen no tener acceso a los servicios básicos de atención de salud.
“Para poder entrar en la favela tomamos el dengue como programa vector capacitando y entrenando a la comunidad”, señala Felipe Donoso, jefe de la delegación del CICR en Río de Janeiro.
Los programas ayudan al CICR a granjearse la aceptación, crear redes comunitarias y comenzar a ayudar a la gente a hallar salidas a la violencia. “Algunas personas en las favelas son sumamente vulnerables”, dice Donoso. “Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo pueden integrarse en los sistemas para que puedan recibir asistencia y tener la posibilidad de no convertirse en una víctima—o un actor— de la violencia armada?
No todos en el CICR están convencidos de la necesidad de ocuparse de la violencia urbana. Jacques de Maio, director de Operaciones para Asia meridional, se pregunta si este tipo de acción desvía a la organización de su cometido principal.
“En un país en situación de paz, donde el derecho internacional humanitario no es aplicable, donde no se da una situación de violencia armada que ofrezca condiciones para que el CICR preste servicios de manera convencional, cabría preguntarse: ¿sobre qué bases, según qué criterios y de qué manera el CICR debería utilizar sus recursos y su credibilidad institucional”, explica. “Ello podría crear cierta incongruencia con nuestra labor general y llevarnos a utilizar recursos que podríamos destinar a otras actividades que guarden consonancia con nuestro cometido fundamental en otras regiones del mundo.”
En general, se está de acuerdo en que es necesario decidir caso por caso las posibles intervenciones y definir objetivos claros antes de que el CICR tome parte en cualquiera de esas operaciones. Debe haber una necesidad humanitaria clara que resulte de una violencia armada organizada y la violencia debe ser de índole recurrente y no esporádica. Cabe hacerse algunas preguntas importantes: ¿qué dinámica tiene la violencia? ¿hay grupos organizados que ejercen un control sobre una zona o sobre la población? ¿hay jefes con los que el CICR puede entablar un diálogo? ¿tenemos ya una presencia en el terreno?
“Estamos estableciendo criterios de intervención”, indica Pierre Gentile. “Además de la idea de que la violencia debe tener cierto grado de organización, las consecuencias que conlleva también deben ser graves. Luego es necesario hacer distinciones según el país, ¿se ha instaurado ya un mecanismo eficaz que permita a las autoridades supervisar y controlar la situación? ¿Aportaríamos algo realmente? El CICR no debería tratar de estar en todas partes inmediatamente, sino solamente donde podemos ser útiles.”
El aspecto jurídico también es complicado. ¿Las confrontaciones armadas periódicas entre la policía o las fuerzas armadas y las pandillas pueden considerarse un conflicto armado no internacional y debería aplicarse el derecho internacional humanitario? En principio, el consenso general es “no”; es una situación que no incumbe al DIH, y su aplicación podría incluso resultar perjudicial. Por ejemplo, se legitimaría el hecho de matar a rivales en calidad de “combatientes” y se podrían causar algunos daños colaterales cerca de los enfrentamientos, una perspectiva peligrosa en los confines de un entorno urbano.
Pero no siempre es fácil trazar una línea divisoria precisa. Algunas situaciones son tan agudas que precisan la intervención de unidades del ejército o de las fuerzas de policía para combatir a los grupos armados organizados, ya que todos los bandos están provistos de armas sumamente sofisticadas. Viene al caso citar la guerra contra los cárteles en las ciudades mexicanas situadas a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. En este caso, ¿cuál es el mejor marco jurídico para proteger a la población afectada? ¿El derecho de los derechos humanos? ¿El derecho internacional humanitario?
Para las personas afectadas por este tipo de violencia urbana armada, poco importan esas distinciones jurídicas, los efectos suelen ser los mismos. Se mata, se hiere o se hace desaparecer a familiares y amigos. Las personas son desplazadas y los servicios básicos se ven interrumpidos. Estas necesidades humanitarias esenciales y urgentes son las que imponen la respuesta

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